Sin ver el contexto, las modificaciones que vienen introduciéndose desde noviembre pasado se pueden catalogar como un «ablande» de las normas de tránsito españolas. Pero hay que tener en cuenta que ya desde hace varios años en España llevan en marcha el sistema de Scoring y con un sistema de duras sanciones han logrado reducir los siniestros viales.
En líneas generales lo que se ha hecho ahora es unificar y elevar el monto inicial de las multas, pero brindando un descuento mayor (del 50%) por pago voluntario dentro de los 20 días de recibida la boleta de pago en domicilio o por vía electrónica, a través del mail y del celular. Por ejemplo, en una infracción de alcoholemia -el límite es de sólo 0,25 mg/l, la mitad que en Argentina-, la multa económica era de 400 euros, que con reducción (30 %) quedaba en 315 euros, se quitaban 4 puntos del scoring y se podía tener una suspensión entre 1 y 3 meses de permiso de conducción. Con las modificaciones, la multa económica asciende a 500 euros, pero que con reducción del 50% por pago voluntario queda en 250 euros, no hay suspensión de licencia y se continúa con la quita de 4 puntos.
Se ha reducido de 27 a 20 las infracciones que quitan puntos, y en muchos casos ya las sanciones no dejarán antecedentes en el Registro de Conductores. Sin embargo, se ha pasado a categoría de infracción muy grave programar el GPS -algo que no figura específicamente en la Ley Nacional de Tránsito argentina- y tapar o adulterar la patente. La idea es unificar el costo de las sanciones, independientemente de qué agente de control las imponga o dónde se realicen. De esa manera, las sanciones leves costarán hasta 100 euros, las graves hasta 200 euros, y las muy graves hasta 500 euros. Económicamente son más baratas que antes para los que tienen voluntad de pago, pero más costosas para los reos. Esto también tiene que ver con el objetivo de combatir la industria de recurrir las multas, que ha generado empresas que por 30 o 40 euros al año se comprometen a «discutir» las sanciones, lo que genera una cierta sensación de impunidad a los automovilistas y grandes costos administrativos al Estado.
Reitero, esto España lo puede hacer porque ya existe una conciencia vial. Nosotros recién estamos arrancando en un larguísimo camino de educación y concientización vial.
