La nueva ley de alcohol cero establece la prohibición de conducir con cualquier grado de alcohol en sangre. Sin embargo, su aplicación está condicionada por la falta de reglamentación y la posible resistencia de algunas provincias a adherir a la normativa nacional.
En Argentina, el sistema federal de gobierno otorga a las provincias la capacidad de crear y aplicar leyes de tránsito de manera autónoma.
En este sentido, en #ConDobleT por CONCEPTO FM el periodista Jota Leonetti brindó como ejemplo de las dificultades que enfrenta la legislación vial en Argentina, lo que sucede con las multas por el uso de las luces diurnas en Córdoba.
En 2017 se modificó la Ley Nacional de Tránsito aceptando el uso de las luces diurnas en reemplazo de las luces bajas para circular en las rutas y autopistas. La provincia de Córdoba no adhirió al articulo modificado entonces la Caminera puede multar incluso sobre rutas nacionales a vehículos que llevan las luces DRL de encendido automático, pero no las bajas, únicas que se mantienen como obligatorias según la normativa provincial.
Esto significa que cada provincia puede tener regulaciones de tránsito diferentes a las leyes nacionales.
Mucho más que sancionar
La Ley de Alcohol Cero presenta desafíos técnicos y logísticos que requieren una inversión significativa por parte de los estados para su implementación. En particular, la compra de alcoholímetros precisos y confiables, que tienen un costo que ronda los 10 mil dólares, la capacitación de personal, grúas y corralones para remitir los vehículos secuestrados por casos positivos.
Además será preciso establecer qué juzgados se harán cargo de la aplicación de las penas. Otro tema será el cobro de multas y quedará pendiente, como señala habitualmente CECAITRA, conocer cuál será el destino de lo recaudado, porque la Ley no establece un fin específico, ni ningún porcentaje de distribución entre Nación, Provincia y Municipio.
En este contexto, algunos expertos en seguridad vial advierten la ley de alcohol cero podría ser contraproducente si se implementa de manera improvisada o insuficiente. Aquel que bebe y conduce recibirá un claro mensaje: «no pasa nada, no me van a agarrar«.
En vez de centrarse en la penalización de conductas ya ilegales, los esfuerzos de las autoridades deberían estar orientados a prevenir el consumo de alcohol en la conducción mediante campañas de conciencia vial, controles preventivos y sanciones efectivas para conductas riesgosas como el exceso de velocidad o la conducción imprudente.
La efectividad de la ley de alcohol cero dependerá de una real voluntad política, además de la capacidad técnica para implementarla correctamente en el mayor número de jurisdicciones y, sobre todo, controlar su cumplimiento. Sin control ni sanción, una ley es inútil.
El problema del 0.0
La eliminación del alcohol en el cuerpo depende de varios factores. En principio la cantidad y tipo de alcohol consumido, pero también influye la edad, peso, sexo, metabolismo y la salud general de la persona.
En general, el cuerpo humano metaboliza el alcohol a una tasa promedio de de 0.15 g/l por hora, lo que significa que se tarda aproximadamente una hora en eliminar el alcohol de sólo una lata cerveza de 355 cm3 con una graduación alcohólica del 5%. Sin embargo, con bebidas más fuertes como un whisky, con una graduación del 40%, el cuerpo tardará más tiempo en eliminar el alcohol, aunque incluso ya no haya efectos adversos para la conducción.
Más sanciones, donde se necesita
En Chile, desde 2012 rige una Ley de Tolerancia Cero que proporciona un mínimo margen para conductores sin signos de embriaguez. No prohíbe completamente el alcohol al volante, sino que establece un límite permitido muy bajo de 0.3 gramos por litro de sangre.
La razón técnica de no establecer un límite cero tuvo que ver con la falta precisión de los dispositivos para detectar el nivel de alcohol en la sangre. Incluso en las condiciones más óptimas, los alcoholímetros siempre tienen un pequeño margen de error. 
Al mismo tiempo define dos instancias para penalizar el manejo con alcohol: A partir de alcoholemias con 0,3 g/l se establece que el conductor está “bajo la influencia del alcohol” y será sancionado. Con más de 0,8 g/l se define “estado de ebriedad” y las penas son durísimas.
Sin embargo, la legislación vial chilena se completa con la sanción en 2014 de la Ley Emilia, en recuerdo de una niña de 9 meses que murió en un choque producido por un conductor que había consumido alcohol. La normativa sanciona con cárcel efectiva de al menos 1 año a los conductores en estado de ebriedad que generan lesiones graves gravísimas o la muerte.
