Hay una discusión bizantina en Seguridad Vial en Argentina y tiene que ver con las fotomultas. Las repetidas quejas de los automovilistas por los abusos en las multas por exceso de velocidad, desacreditan la autoridad de los controles y hasta Vialidad Nacional dispone de formularios para apelar las mediciones de excesos de velocidad en rutas nacionales por parte de policías o agentes municipales locales no autorizados.
Los claros abusos recaudatorios, como por ejemplo apostar las camionetas fotomultas escondidas en puntos donde la velocidad en una ruta «baja» a 60 km/h debido a una entrada a un caserío ignoto sin la señalización adecuada, o fotografiar excesos de velocidad frente a las escuelas durante las vacaciones de verano, lo único que quitan es autoridad a un sistema que bien utilizado, por la sanción efectiva y por el efecto disuasivo, logra bajar ampliamente los índices de siniestralidad. Un claro ejemplo es lo que ocurre en avenidas como Lugones y Cantilo donde, a pesar de que la gente ya sabe dónde están ubicadas las cámaras fotomultas (hasta nos lo indica el GPS!), el número de choques y de víctimas bajó raudamente.
A veces uno se pregunta por qué no han de instalar cámaras móviles que puedan ir rotando y sorprendiendo a los infractores en distintos puntos de la ciudad. Una de los limitantes es la burocracia de la homologación de las equipos por parte del INTI, que puede demorar más de 6 meses -sin contar retrasos por conflictos gremiales, que pueden duplicar los plazos-. Otra gran complicación en autopistas y rutas nacionales es la competencia jurisdiccional: el control sobre calzada es nacional, a través de Gendarmería, en territorio provincial, pero el poder de infraccionar y recaudatorio lo tiene cada municipio. Lamentablemente es fácil entender que por celos políticos siempre es difícil diseñar acuerdos interjurisdiccionales.
En el caso de las velocidad reducida frente a los colegios, insistimos en que sólo hace falta buena voluntad y reglas claras. En la Ciudad de Buenos Aires, la normativa habla de «horario escolar», pero atentos a los diversos horarios de cada colegio y la falta de especificación por parte de la ley, los controles con fines recaudatorios tienen carta blanca (como llegar 2 horas después de que las clases ya terminaron). Lo ideal sería instalar un semáforo titilante que indique cada entrada y salida de escolares de esa institución en particular, momento en el que habría que reducir a 20 km/h, dejando el resto del día la velocidad habitual de 40 km/h para no romper la fluidez de la arteria. Pero siendo esto costoso, está la vieja opción del «alumno guía», o sea, organizar con cada comunidad escolar un programa de voluntariado de padres (yo particularmente estoy en contra de que lo hagan menores) que ordenen la circulación y asegurando el cruce peatonal de los chicos.
No hay dudas de que es molesto el engaño por parte del Estado, pero hay que dejar de lado las discusiones. Lo principal para nosotros como conductores es respetar. Sin importar las sanciones, pensemos primero en el daño que podemos hacer y hacernos, de no cumplir con las normas y un manejo seguro.
