Al iniciar octubre, el Gobierno Nacional está habilitado para aplicar una actualización por inflación de los impuestos a los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (IDC), luego de que se postergara esa suba que debía darse en mayo en el pero momento de la Cuarentena.
El aumento en el precio por litro sería de 3,3% para las naftas y de 2,3% para el gasoil.
Lo que temen las refinerías privadas (Axion, Raízen (a cargo de las estaciones Shell) y Puma Energy) es que el Gobierno aplique el aumento, pero la estatal YPF no traslade la suba al surtidor. De esa manera se detendría el aumento al público, pero las petroleras perderían la rentabilidad del último incremento.
Según los estacioneros reunidos en CECHA, el despacho de combustibles tuvo una recuperación en junio tras la caída abrupta por la Cuarentena, pero desde hace 3 meses que se estancó la venta y quedó 25% abajo de los volúmenes de venta previos a la pandemia.
En naftas, que se vinculan directamente a la movilidad particular, la contracción se está aún a un 35% de una recuperación respecto al mes de febrero, que ni siquiera era bueno. De ahí, que es raro encontrar cola para cargar combustibles en el AMBA. Sobre todo porque de los aumentos acumulados en el año (8,2%) donde más subieron los precios fue en Capital y Conurbano (11,3%).
En las próximas horas queda por decidirse una nueva suba que elevará al 40% el cargo impositivo por cada litro de combustible que le echamos a nuestro tanque.
