Más allá de las cámaras de control vial que tiene la ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Macri inauguró nuevas cámaras de seguridad mediante un sistema por demás criticable. No desde lo técnico -en Tigre funciona más que bien-, sino porque son los privados los que deben invertir en la compra del equipamiento tecnológico.
De esta manera, no nos extrañó que las 3 primeras videocámaras urbanas que presentó el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, estén instaladas en la esquina del café «La Biela». La Asociación que reúne a los comerciantes del paquete barrio de la Recoleta se han hecho cargo de la instalación de 19 cámaras -que estarán funcionando en 10 días- y la flamante Policía Metropolitana realizará el monitoreo. Al parecer, a los comerciantes les convence la medida -o no les queda otra- porque ya hay firmados más de diez convenios con asociaciones de diferentes barrios que quieren tener lo más cercanos al viejo «vigilante de la esquina».
Según Montenegro, hoy la ciudad cuenta con cerca de 200 cámaras, entre fijas y domos, y sobre el final de 2010 va a contar con unas 800 colocadas de la periferia hacia el Centro.
¿Qué va a pasar en los barrios más relegados en los que los comerciantes no puedan costear el sistema de vigilancia estilo «country»? ¿En Fuerte Apache, la famosa «unooncecatorce» y la céntrica Villa 31 también va a haber camaritas?
¿Cómo son las cámaras urbanas del Primer Mundo?
Desde 2004, en varias ciudades de los Estados Unidos funciona un sistema de vigilancia capaz de detectar, con la ayuda de cuatro micrófonos, cualquier tipo de disparo en mitad del ruido del tráfico y de las obras de una ciudad.El sistema, que se basa en redes neuronales, puede identificar el origen de los disparos en un radio de dos edificios. A continuación orienta hacia ese ruido las cámaras de vídeo urbanas y lanza una llamada automática a la central de policía y a los coches de policía cercanos.
Los llamados SENTRI (Smart Sensor Enabled Neural Threat Recognition and Identification) han sido colocados, por ejemplo, en la ciudad de Chicago en aquellos lugares donde la criminalidad es mayor. El costo de los aparatos -entre 4.000 y 10.000 dólares por unidad- ha sido pagado con dinero confiscado, sin que dependa de la billetera del vecino.
